Miles de profesores en Corea del Sur han salido a las calles para protestar por la presión bajo la que trabajan los docentes, la manifestación se dio para hacer un llamado frente a las altas tasas de suicidio de los docentes en meses recientes.
“Siento una presión muy fuerte en el pecho. Me ahogo. Siento que me voy a caer. Ni siquiera sé dónde estoy”. Esas fueron las palabras que la profesora de educación básica Lee Min-so (un nombre ficticio que ocupó la BBC a petición de su familia), escribió en su diario el 5 de junio.
Casi un mes después, el 3 de julio, la maestra de primaria volvió a redactar que se sentía tan abrumada por su trabajo que “quería dejarse ir”. Dos semanas más adelante, sus colegas la encontraron muerta en el armario de su clase. Lee Min-so se había quitado la vida.
Unos 15.000 trabajadores del sector se manifestaron vestidos de negro frente a la sede de la Asamblea Nacional en Seúl, la capital del país, para pedir a las autoridades que “protejan sus derechos” en las aulas del país, según informaciones recogidas por la agencia de noticias Yonhap.
En principio, la marcha había sido planeada para honrar la memoria de la profesora que se suicidó el pasado mes de julio, tras ser víctima de la violencia en las aulas. Sin embargo, la semana pasada se registraron otros dos casos, lo que provocó que muchos sintieran necesario levantar su voz.
Los datos del gobierno muestran que 100 maestros de escuelas públicas en Corea del Sur —en su mayoría maestros de escuela primaria— se suicidaron entre enero de 2018 y junio de 2023.
Los datos no especifican qué factores contribuyeron a sus muertes, y no está claro cuántos de esos suicidios estaban relacionados con los trabajos de los profesores. Pero muchos en la comunidad educativa han culpado a una controvertida ley de abuso infantil que se introdujo en 2014.
Según esta ley, cualquiera que sospeche un caso de abuso infantil puede denunciarlo a las autoridades sin necesidad de aportar pruebas. A continuación, las autoridades pueden investigar la denuncia, lo que incluye visitar el presunto lugar de los abusos —en este caso, las escuelas— e interrogar a las partes pertinentes.
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