La jornada de este lunes y luego de siete años de tramitación, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó el proyecto de ley que buscaba terminar con las llamadas telefónicas indeseadas o “spam” que realizan muchas empresas.
La iniciativa, aprobada por 66 votos a favor, 22 en contra y 36 abstenciones, restringirá las llamadas no deseadas que ofrecen productos y servicios. Además, el cliente podrá solicitar a la compañía que no siga usando su información personal “con fines de mercadotecnia o marketing”.
Las multas a las empresas podrían ir entre los $330 millones a los $1.320 millones. Incluso esos valores podrían triplicarse o llegar a ser el 4% de los ingresos anuales de una firma si la Agencia de Protección de Datos Personales detecta conductas reincidentes y agravantes.
Los diputados llegaron a la sala de Cámara para votar el informe de la comisión mixta -conformada por diputados y senadores- que abordaba 22 nudos que surgieron a lo largo de la tramitación.
Desde el oficialismo, el diputado Leonardo Soto (PS), llamó a aprobar el informe de la comisión mixta, indicando que “fue aprobado por el 90% de los senadores presentes”, criticando, a su vez, a los RN por el rechazo a la iniciativa, “cuando el presidente de su partido, el senador Galilea, aprobó y respaldó este sistema de multa”.
Posteriormente, el subjefe de la bancada del Partido Republicano, Luis Fernando Sánchez, sostuvo que aprobar la ley con las multas establecidas “es una cachetada de payaso, no se va a poder implementar, no se va a poder sancionar a nadie, todo va a caer en recursos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad en el TC”.
El último diputado en intervenir fue Vlado Mirosevic (PL), quien recogió los planteamientos de los representantes de la oposición. “Creo que el Ejecutivo nos tiene que aclarar de manera muy precisa si lo que han dicho algunos de mis colegas aquí es cierto o no, respecto de las multas de las infracciones, de aquellas que son leves, graves y gravísimas”.
Para responder las dudas, la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, señaló que “el sistema sancionatorio es los montos que se han establecido en caso de reincidencia, es decir, cuando una conducta grave que ha actuado con dolo las empresas, se repite la misma conducta en 30 meses”.
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