Un polémico caso llegó a la justicia tras la decisión de un colegio del Servicio Local Andalién Sur de cancelar la matrícula de un niño de 10 años, diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). La medida, basada en la Ley Aula Segura, fue denunciada como ilegal por la madre del menor, quien presentó un recurso de protección con el apoyo del Instituto de Derechos Humanos (INDH).
El menor, que cursaba quinto básico en el Colegio Chile España, un establecimiento orientado a estudiantes con necesidades educativas especiales, fue sancionado luego de un episodio de descompensación en el que profesores señalaron haber sido agredidos. Su madre explicó que el niño tiene diagnóstico de TEA, discapacidad intelectual leve y trastorno de conducta. Tras la suspensión inicial, se decidió adelantar el cierre de su año escolar y cancelar su matrícula para 2025.
La madre buscó ayuda legal tras considerar desproporcionada la sanción. Sin embargo, enfrentó dificultades para obtener respaldo de organismos como la Defensoría de la Niñez. Finalmente, el INDH tomó el caso y presentó el recurso de protección, señalando que aplicar la Ley Aula Segura a un menor con TEA constituye una acción ilegal. Carolina Chang, directora del instituto, destacó la vulneración de derechos que representa esta medida.
Este lunes, la Corte de Apelaciones de Concepción deberá resolver la admisibilidad del recurso y decidir sobre una orden de no innovar que permita garantizar la matrícula del niño para el próximo año. Este caso ha reabierto el debate sobre el uso de la Ley Aula Segura y su impacto en niños con necesidades educativas especiales.
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