Según el Ministerio Público, durante la última semana han recibido al menos 15 denuncias por violentas extorsiones a dueños de locales a cambio de la protección a sus negocios y familias en la región Metropolitana.
Asimismo, el Ministerio del Interior informó que durante 2022 se han realizado 597 expulsiones administrativas y judiciales. De ellas, 356 fueron efectuadas desde marzo, cuando asumió el gobierno del presidente Gabriel Boric.
Para materializarlas, se mantiene actualmente un contrato con la agencia Cocha, por 210 millones de pesos para la compra de pasajes; y con la agencia ATN, por 300 millones de pesos.
En ese sentido, según un Reportaje de T13, se trata de una banda criminal que dice ser parte del denominado “Tren de Aragua”, y que además saben una gran cantidad de antecedentes de las familias de las víctimas, como: nombres de hijos, direcciones, cantidad de locales.
Uno de los afectados fue contactado por la organización, y le pidieron $10 millones como pago inicial para que estuvieran a salvo. Tras esto, el pago ascendería a $250 millones por local, en criptomonedas.
Paralelamente, si el empresario extorsionado no cumplía lo que pedía la banda criminal, estos iban a atacar las inmediaciones de sus locales.
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