En marzo de 1975, cuando apenas tenía tres años y medio, Macarena Aguiló Marchi fue arrancada de su vida normal por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).
Según se puede apreciar en el fallo judicial, este acto formaba parte de una serie de eventos desencadenados por la persecución política hacia su padre, Hernán Aguiló Martínez, un dirigente de la Comisión Política del MIR.
De esta forma, se aceptó la apelación a la sentencia de primera instancia, que había establecido un monto de $100 millones.
De acuerdo al tribunal, se debe “guardar algún grado de correspondencia con determinaciones efectuadas por esta misma Corte de Apelaciones en casos semejantes, motivo por el que la indemnización fijada en primera instancia debe ser aumentada”.
Según se pudo comprobar, la mujer fue secuestrada a la edad de tres años por la policía secreta de Augusto Pinochet. Esto se efectuó como método para obtener la ubicación de su padre, Hernán Aguiló Martínez, quien era dirigente de la comisión política del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).
En total, estuvo privada de libertad un período de 22 días, entre el 4 y el 22 de abril de 1975. Sin embargo, a esto debe sumarse el tiempo que estuvo separada de sus padres. Su madre, Margarita Marchi, había sido llevada a un centro de torturas conocido como “la casa amarilla” en enero de 1975, mientras que su padre vivía en clandestinidad producto de su persecución política.
Asimismo, se verificó que “ha sufrido secuelas sicológicas a propósito de los actos deleznables de que fue víctima, con las repercusiones que tales ofensas produjeron en su normal desarrollo atendiendo a su edad”.
Después de 49 años, la justicia chilena ha respondido. La Corte de Apelaciones de Santiago dictaminó que el Estado debe pagar a Macarena 100 millones de pesos por el daño emocional que sufrió.
Este fallo, unánime y definido bajo el rol 17.745-2023, fue dictado por un panel compuesto por la ministra Dobra Lusic, el ministro Hernán Crisosto y la abogada Sara Moreno.
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